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On 9 January 2019 (10:00 am CET), already over a thousand letters have been sent to the Commission and EU member state governments!

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Quiero manifestar mi preocupación frente a la publicación, por la Comisión europea, el 12 del 11 de 2002, de un documento de consulta sobre las negociaciones en curso del AGCS.

El documento silencia elementos de información esencial relativas a las demandas recibidas por la U.E. Por ejemplo:

  1. Con ocasión de las precedentes negociaciones del AGCS, la UE formuló una condición previa al compromiso de sus servicios que dice "en todos los estados miembros de la UE los servicios que son considerados como de utilidad pública a nivel nacional o local pueden ser suministrados por monopolios públicos o con derechos exclusivos dados a un operador privado." Como la propia Comisión lo explica, esto excluye los servicios de utilidad pública del AGCS. Sin embargo varios países, importantes económicamente, de la OMC han pedido que se suprima esta condición. Si la misma fuera incluso suavizada tal y como se pide, significaría que el AGCS entraría de lleno en una serie de sectores clave. Vista la importancia de esta exclusión de los servicios de utilidad pública, es inaceptable que el documento de consulta no mencione el hecho de que esta condición esté puesta en entredicho.
  2. En lo que concierne a los servicios de enseñanza (p.38) las demandas formuladas por la UE son manifiestamente de interés público. En los casos en los que los países europeos han comprometido servicios de enseñanza en el proceso del AGCS, han formulado la condición de que debía de tratarse únicamente de "servicios financiados con fondos privados". Incluso si esta precisión no es suficientemente clara puede, sin embargo, excluir la mayor parte de los servicios de enseñanza de la UE aunque esto no haya sido confirmado nunca oficialmente. En las negociaciones actuales, la UE recibe la demanda de abrir todos los servicios de enseñanza a las reglas del AGCS. Ello comprende abrir sectores clave que dependen de subvenciones públicas a operadores privados en búsqueda de rentabilidad. Significa una transformación radical de la enseñanza primaria, secundaria y superior en toda Europa. Es pues una demanda con implicaciones incalculables y el hecho mismo de que su importancia no esté enunciada claramente pone en cuestión el conjunto de la credibilidad del documento.
  3. Una buena parte de la inquietud de la ciudadanía ante las negociaciones actuales del AGCS se concentran en los efectos del acuerdo sobre las reglamentaciones nacionales. Se trata sobre todo de negociaciones que afectan las reglamentaciones interiores (Artículo VI.4) y sobre el efecto que dicho artículo podría tener sobre las medidas tomadas en los diferentes países. El acuerdo podría al mismo tiempo extenderse a servicios que están dentro del poder directo de los gobiernos. La Comisión ya ha hecho conocer su opinión al mundo de la industria. Porqué, entonces, no se habla de ello en el texto de consulta? Tales omisiones demuestran que la Comisión no toma este proceso en serio. En tanto que miembros de la sociedad civil de toda Europa, quisiéramos que nuestras respuestas sean tomadas seriamente en consideración.

A la vista de estas lagunas y estos engaños, la Comisión europea no debería, en el futuro, recurrir a este modo de consulta con el que pretende decir que la ciudadanía está informada y que participa en las negociaciones de la AGCS. Además las omisiones mencionadas señalamos que el plazo dado para las respuestas es demasiado corto y que no hay ninguna indicación de la forma en la que las sugerencias serán o serían incorporadas en el proceso de toma de decisión. Esto es particularmente inquietante dada la naturaleza del proceso de negociaciones de la AGCS. Por ejemplo, el documento de consulta se basa en las veintiuna demandas propuestas en el momento en que el documento ha sido redactado. Desde entonces, otras nueve han sido registradas. ¿Cómo espera la comisión informar al público de estas demandas posteriores? En la medida en que la comisión no va a publicar los verdaderos documentos que sirven para la negociación, las tentativas como ésta resultarán no ser más que lo que son: ejercicios de estilo cuyo fin es desviar la atención pública de la AGCS y su desconfianza frente a la falta de democracia y de transparencia en la política de Europa.

Los problemas que presenta esta consulta señalan una vez más la importancia de publicar los documentos auténticos. A este fin, las informaciones siguientes deben ser hechas públicas:

  • las 109 demandas formuladas por la UE a otros estados miembros de la OMC (fechadas el 4 de julio de 2002)
  • las demandas recibidas por la UE provenientes de otros estados miembros de la OMC
  • la lista de ofertas actualmente preparada por la Comisión en consulta con los estados miembros de la UE
  • las ofertas que la UE formula en respuesta a estas demandas -un proceso que debe comenzar a final de marzo de 2003 y que seguirá durante todo este ciclo de negociaciones hasta enero de 2005.

Ésta sería una información mínima previa a toda información.

Por otra parte, las escasas informaciones contenidas en este texto de la Comisión en fuente de inquietud, ya que indica la extensión de las negociaciones AGCS actuales, que cubren dominios como la enseñanza, los servicios sociales, la radiodifusión y los servicios culturales así como los servicios postales. Ante la proximidad del fin del plazo para remitir las ofertas, la Comisión no debería tomar posición sobre estos puntos sin haber hecho una verdadera consulta parlamentaria y ciudadana. Esto significa que es preciso mejorar el control democrático por una participación efectiva de la ciudadanía en el nivel nacional, una transparencia mayor que pasa por la publicación de los documentos disponibles y la puesta a punto de mecanismos necesarios para que no sean únicamente los intereses del mundo de los negocios los tomados en cuenta en las negociaciones. Con este fin, antes que las negociaciones continúen, es preciso proceder a una evaluación completa e independiente de las negociaciones como por otra parte está previsto en el texto del acuerdo.

GATSwatch is a joint project of Corporate Europe Observatory and Transnational Institute
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